Oro y autoritarismo*

Franco Albarracín**

En los últimos años, la región ha sido testigo de una expansión acelerada de la minería legal e ilegal, generando graves vulneraciones al medioambiente y los derechos humanos. Este fenómeno, en constante aumento, ha encontrado terreno fértil debido a los bajos estándares de fiscalización ambiental y la corrupción profundamente arraigada entre los funcionarios gubernamentales. Este problema se agudiza especialmente en países con un Estado de Derecho débil frente a un autoritarismo que se nutre y busca su fortalecimiento en estas actividades económicas.

Imagen: Anuario 2023 ANF

En regiones con problemas de baja institucionalidad democrática y control territorial por parte de grupos criminales, la minería ilegal y el extractivismo han florecido en detrimento de los grupos vulnerables. En dictaduras como la de Nicaragua y Venezuela, la minería ilegal se ha vuelto una fuente crucial de divisas para financiar estructuras paramilitares involucradas en la represión sistemática de la población. En ambos países, debido a las dificultades económicas y la falta de inversión por la inseguridad y la implementación de gobiernos autoritarios, la minería legal, pero, sobre todo, la ilegal, se ha convertido en una fuente de financiamiento de la represión. Por ejemplo, la dictadura de Daniel Ortega incluso ha modificado leyes para asegurar el control gubernamental sobre toda actividad minera, incluida la minería artesanal.

En el caso boliviano, a partir de un contexto diferente, la minería del oro continúa generando graves vulneraciones de derechos humanos, pero, al mismo tiempo, financia y mantiene un gobierno con serios problemas económicos, pero con tintes autoritarios que se reflejan a través del uso excesivo de la fuerza, la persecución política y la cooptación de toda institución independiente.

Uno de los principales problemas, sin duda, guarda relación con la minería aurífera y el uso desmedido e irregular del mercurio. La utilización del mercurio en Bolivia está estrechamente vinculada a la extracción de oro, la cual ha experimentado un crecimiento desmedido en los últimos nueve años. Solo durante el año 2022, se logró extraer una cantidad de 53,400 kilogramos de oro, lo que representa un valor estimado de 3,073 millones de dólares.

Actualmente, la comercialización del oro constituye la fuente principal de ingresos del país, generando grupos con mucho poder, mayormente cooperativas mineras con influencia política y económica en la nación. Una muestra de esto es que estas cooperativas

no están obligadas a cumplir numerosas normativas laborales y sociales establecidas; gozan de un régimen impositivo preferencial; reciben apoyo directo del Estado; e incluso, participan directamente en instancias estatales, ya sea a través de la aprobación de normas o la designación de cargos estratégicos de alto rango.

El problema de la minería aurífera y el uso del mercurio no solo guarda relación con el fortalecimiento de grupos de poder o el financiamiento del autoritarismo y la violencia; también está vinculado con la afectación del medio ambiente y las graves violaciones a los derechos de los pueblos indígenas.

Los estudios realizados por el CEDIB, la Universidad de Cartagena y la CONTIOCAP en las cuencas de los ríos Beni, Madre de Dios y Mamoré en la Amazonía Boliviana identificaron niveles extremadamente altos de mercurio en cabellos de comunidades indígenas. Los resultados incluso presentan casos de algunas personas que requieren evaluaciones neurológicas detalladas debido a posibles afectaciones permanentes en su integridad física.

Al igual que en países como Nicaragua y Venezuela, la minería del oro se ha vuelto el principal sustento frente a gobiernos que han evidenciado durante años una pésima administración en materia económica, sometiendo a sus poblaciones a la miseria y el hambre. En el caso boliviano, la situación es muy similar, pero con algunos agravantes.

La minería aurífera no solo ha generado el crecimiento de un grupo de poder con influencia en todos los sectores del Estado, sino que también se ha convertido en la fuente principal del gasto público, un ingreso impresionante a costa de la naturaleza y vidas humanas, con el fin de disimular la crisis económica. Peor aún, más allá de financiar y sostener un gobierno autoritario, que ha demostrado su poder a través del uso de la fuerza, el control de los órganos de poder y la persecución política, lo ha hecho a costa de las vidas de cientos de comunidades indígenas cuyos derechos están siendo violentados. En pocas palabras, la corrupción y autoritarismo de este gobierno se sostienen a costa de la vida de nuestros pueblos indígenas en Bolivia.

* Abogado especializado en Derechos Humanos.