El miedo: antes y durante la dictadura de Banzer

A rajatabla

Yuri Aguilar Dávalos

“La finalidad superior de nuestra organización es lograr el APOYO DE LA POBLACIÓN a la causa nacionalista”.[1], así reza un inciso de la finalidad de la Directiva del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) emitida en marzo de 1972 y dirigida a los Comités de Seguridad Departamental y Provincial, con la firma del dictador y presidente Hugo Banzer Suárez. (La mayúscula sostenida está en el documento).

El coronel Banzer, en alianza con el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) de Víctor Paz Estenssoro y de Falange  Socialista Boliviana (FSB) de Mario Gutiérrez Gutiérrez, tomó el poder tras un cruento golpe militar el 21 de agosto de 1971, empezó así un régimen que reprimió a partidos políticos de izquierda, sindicatos y ciudadanos que se atrevían a expresar críticas o desacuerdos con las políticas de esa dictadura que duró siete años.

La persecución sistemática de ese régimen militar contra cualquier oposición no perdonó ni a sus aliados civiles ni a sus camaradas militares: Banzer no tenía sustitutos ni posibles herederos del poder. Pero la represión más sañuda se desencadenó hacia los militantes o simpatizantes de las organizaciones y partidos de izquierda como también hacia los dirigentes de los sindicatos. Así señala la mencionada Directiva del COSENA, organismo controlado por los militares que respondía a la Doctrina de la Seguridad Nacional, inspirada en los Estados Unidos a través de la CIA, para que las fuerzas armadas de los países americanos controlen el orden interno y eviten la propagación de ideas socialistas y liberadoras.

En diferentes partes de ese instructivo registrado como secreto se dispone prepararse y aniquilar a las organizaciones clandestinas, en especial al Ejército de Liberación Nacional (ELN), como también a los “revolucionarios castristas”, agitadores, activistas, propagandistas, terroristas, grupos anarquistas, bandas armadas guerrilleras, exiliados castristas que retornen al país, extranjeros “que se compruebe su participación en actividades subversivas”.

Antes de derrocar al gobierno del Gral. Juan José Torres, a fin prevenir que avancen, las medidas que pretendía ejecutar la Asamblea del Pueblo, la derecha empresarial y el gorilismo existente en los mandos de las Fuerzas Armadas, desarrollaron un plan de difusión de rumores con la intención —y posiblemente lo consiguieron— de atemorizar a la clase media, con supuestos actos represivos que culminarían en el fusilamiento de ciudadanos opositores al gobierno del Gral. Juan José Torres.

Esos rumores continuaron tras el triunfo de los golpistas, pero ya con publicaciones impresas, a fin de consolidar lo ya propalado. Una de esas publicaciones es la denominada Hechos, dirigida por Floren Sanabria. Allí, en la edición del 18 de enero de1972, bajo el título “Paredón para los enemigos del socialismo: Operación escarmiento”, se afirma que el ex ministro del Interior Cnl. Andrés Selich Chop habría revelado que si el golpe no lograba triunfar, el gobierno de J.J. Torres fusilaría a dos mil personalidades calificadas de ser enemigas de su gobierno, entre los que estarían “militares y políticos nacionalistas, empresarios cristianos, periodistas y dirigentes cívicos independientes, para que nunca más, en el futuro, el pueblo se lanzara contra el sistema ‘socialista’ que tenían pensado imponer bajo las más rígidas normas y con aparato que, indudablemente, debía venir del exterior —de Cuba y Chile— para eliminar y reemplazar paulatinamente a la Fuerzas Armadas de la Nación”.

Los fusilamientos a los “enemigos del socialismo” debían empezar tras la toma, por los subversivos, del regimiento Ingavi que defendía el Gran Cuartel General, más conocido como el Estado Mayor de Ejército, en Miraflores (La Paz), donde se apropiarían de las armas existentes en ese recinto militar.

La nómina de sentenciados al paredón era numerosa, según dice la publicación, y estaba dividida en cinco grupos: empresarios privados y otros, Fuerzas Armadas, MNR, FSB, prensa y guardia de seguridad, pero la que les habría llegado a sus manos es la que aparece a continuación:

Empresarios privados y otros

Eduardo Arauco Paz, Wensenlao Alba, Juan Asbún Zugby, Félix Ballivián Calderón, René Ballivián Calderón, Robin Barragán Peláez, Jorge Belmonte Ardiles (ex militar), Hugo Castellanos Ortiz, René Candia Navarro, Alberto Crespo Gutiérrez, Jorge Carrasco Villalobos, Dámaso Eduardo Delgado, Tomás Guillermo Elío, César Adams Elío, Manuel Elías Paredes, Humberto Fossati, Armando Gutiérrez Granier (obispo), Osvaldo Gutiérrez, Leslei Howson, Teodosio Imaña Castro, Rolando Kempff Mercado, Luis Levi Iturralde, Alberto Levi Iturralde, Marcelo Melogno, Fadrique Muñoz Reyes, René Navajas Mogro, Héctor Ormachea Peñaranda, Rolando Prada Méndez, Raúl Peña Clavijo, Alfredo Pacheco Iturri, José Riera Fernández, Humberto de Rada, José Romero Loza, Alfredo Rea Nogales, Domingo Said, Luis Eduardo Siles, Enrique Eduardo Calvo, Adalberto Violand, Carlos Viaña, Hugo Villegas, Guillermo Zalles Iturralde.

Fuerzas Armadas

Gral. Remberto Iriarte,  Gral. Joaquín Zenteno Anaya, Gral. Florentino Mendieta, Gral. Hugo Ortiz Mattos, Gral. Federico Arana Serrudo, Gral. Ángel Quintanilla, Cnl. Hugo Banzer Suárez, Cnl. Andrés Selich Chop, Cnl. Juan Ayoroa Ayoroa, Cnl. Federico Lafaye Borda, Cnl. René Matos Bustillos, Cnl. Miguel Ayoroa, Cnl. José Gil Reyes, Cnl. Eladio Sánchez Gironda, Cnl. Oscar Adriázola Valda, Cnl. Miguel Azurduy Estenssoro, Cnl. Julio Pérez Tapia, Cnl. Raúl Álvarez Peñaranda, Cnl. Pedro Selín Gaya Rojas, Cnl. Arnaldo Saucedo, Cnl. Vidal Ayala, Cnl. Guillermo Molina Pizarro, My. Humberto Cayoja Riat, My. Guillermo Escóbar Urhy, My. Hugo Muñoz, Cap. Mario Oxa Bustos, Cap. Tito Vargas, Cap. Eduardo Rivera Fiorilo, Cap. Gutemberg Barroso

MNR

José Cuadros Quiroga, Jaime Escóbar Quiroga, Guillermo Jáuregui Guachalla, Guillermo Alborta Velasco, Hugo Gonzáles Rioja, Juan Loaiza Ayoroa, Edmundo Nogales Ortiz, Julio Pantoja Salamanca, Hugo Suárez Gómez, Horacio Torres Guzmán, José Luis Harb, Leónidas Sánchez (sacerdote), Antonio Gaspar, Humberto Salas Linares, Jorge Escobari Cusicanqui, Manuel Mercado Montero,  Raúl Lema Peláez, Carlos Serrate Reich, Raúl Roca Rivero, Ciro Humboldt Barrero, Edwin Rodríguez A., Juan Valdivia Altamirano, Javier Cerruto Calderón, Jorge Lema Patiño, Federico Álvarez Plata, Adrián Barrenechea Torres, Jorge Álvarez Plata, Renán Castrillo Justiniano, Hugo Moreno Córdova, Guillermo Ariñez Velasco, Eufronio Hinojosa, Pedro Rivera Sánchez, Walter Revuelta, Eduardo Arce Durán, Raúl Pérez Alcalá, Edmundo Vaca Moreno.

FSB

Mario Gutiérrez Gutiérrez, Antonio Anze Jiménez, Carlos Valverde Barbery, Augusto Mendizábal Moya, Víctor Sierra Mérida, Jorge Siles Salinas, Ambrosio García Rivero, Luis Ramírez Mendoza, Mario Aguilar Zenteno, Amado Rodríguez A., Luis Mayser Ardaya, Jaime Ponce Caballero.

Prensa

Renán Estenssoro Alborta, Donald Zavala Wilson, Alberto Zuazo Nattes, Carlos Canelas, Ángel Torres, Samuel Mendoza, Wálter Montenegro, Hugo Alfonso Salmón, Ricardo Ocampo, Guillermo Céspedes Rivera.

Guardia de seguridad

Walter Gonzales Valda, Cnl. Vitaliano Crespo Soliz, Abel Casassa Zapata.

Estamos seguros de que el plan de exterminio y la indicada nomina nunca existieron y que esa historia fue fraguada en los organismo de represión de la dictadura, lo que no quita que entre los consignados hubo muchos personajes —especialmente los militares y militantes del MNR y FSB— que ocuparon cargos importantes en esa dictadura, siendo muy pocos los que no lo hicieron, pero la inclusión de esos pocos sirvió para mantener el miedo que antecedió al golpe.

Son ciertas las miles de víctimas directas del régimen dictatorial de Banzer, sin contar los otros miles de familiares que, bajo el terror impuesto, tenían que sobrevivir y buscar a sus allegados. Según datos de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd), durante los siete años de la dictadura militar de Banzer fueron 85 las personas asesinadas, 75 las desaparecidas  y más de 3.500, entre hombres y mujeres, las que se detuvo, torturó y exilió.

Pero lo más penoso de esos crímenes es que hasta ahora no se ha hecho justicia con los sobrevivientes y, por el contrario, muchos de los criminales gozan de protección o ya han fallecido como “ejemplares” ciudadanos. Y para colmo, como en ningún otro país que fue parte de la represión militar en el cono sur, del Plan Cóndor, Bolivia es el único país en el que los archivos de las dictaduras siguen protegidos por el actual gobierno, pese a órdenes judiciales y protestas dentro y fuera del país.

"Hay una democracia que hemos conquistado, pero hoy hay algunas restricciones. Tenemos que velar que el autoritarismo no se convierta en una nueva dictadura. Es necesario que en Bolivia se respeten los derechos humanos, que no haya más dictaduras civiles ni militares”, señalo Julio Llanos, una de las víctimas que pide justicia (Erbol).