Simón Reyes Rivera relata cómo fue la masacre de San Juan el 24 de junio de 1967*

Simón Reyes.

Los baños de sangre en las minas nacionalizadas levantaron la protesta y repudio unánime del pueblo. El Gobierno del general Barrientos, en su propósito de tergiversar los hechos producidos, apeló y apela a argumentos contradictorios, con deformación de la verdad y como medio de justificar sus agresiones punitivas del monopolio de la información.

Cabe señalar que a las masacres rojas siguen las masacres blancas que extienden el desempleo, el hambre y la miseria. Una política cuartelaria contra los trabajadores tiende a destruir las fuerzas productivas. Paralelamente el plan de desnacionalización sigue su marcha, en cuyo nombre y a favor de los intereses monopolistas se somete a cruentos padecimientos a la clase obrera.

La responsabilidad de los sucesos sangrientos así como la privación del trabajo a centenares de trabajadores es obra exclusiva del Gobierno civil-castrense.

Con una y mil calumnias se envenena la opinión pública, al punto que las demandas sociales son devaluadas por el Gobierno anti-obrero con imaginarias subversiones y complots ajenos a los trabajadores y propios de los organismos de represión asesorados por la CIA.

La FSTMB, que denunció el carácter de la represión, en horas angustiosas para el proletariado, cuando los hijos del pueblo son acallados por el confinamiento, la persecución, el destierro o el encarcelamiento, se dirige a los trabajadores del país, a la opinión pública y a las organizaciones revolucionarias, así como a las organizaciones sindicales del mundo, con una información sucinta sobre el acontecer en las minas nacionalizadas.

Antecedentes

Antes de ingresar al problema que motiva la presente información, conviene señalar algunos antecedentes de la conducta de la Junta Militar impuesta por el Pentágono y de su hechura, el actual Gobierno, frente a los trabajadores mineros.

Al producirse el golpe de estado que derrocó al Gobierno del MNR, la Federación de Mineros tenía planteada ante COMIBOL, con mucha anterioridad, la solicitud de un mejoramiento de sueldos y salarios, impuesta por la elevación constante del costo de vida que colocaba a la familia obrera en la imposibilidad de solventar su presupuesto ya reducido. Es de hacer notar que los salarios que percibían los trabajadores en noviembre de 1964 fueron fijados por el “Plan de Estabilización” en 1956. El congelamiento de los salarios se mantuvo para los trabajadores mineros, mientras los militares aumentaron sus haberes en proporciones elevadas. Luego de la “estabilización monetaria”, la lucha de los trabajadores contra la elevación del costo de vida y la disminución de la capacidad de compra de sus salarios, buscó la compensación a los salarios reales que percibían antes de la estabilización. Esta prolongada gestión fue negada. La FSTMB al presentar la solicitud ante COMIBOL, para el mejoramiento de los salarios, demostró con datos estadísticos oficiales la situación de miseria y de extinción física en que se colocaba a los trabajadores mineros.

Producido el golpe de Estado, el 4 de noviembre, mucha gente cifró esperanzas en una solución justa que daría el Gobierno de la Junta Militar. Sin embargo, al poco tiempo se demostró que nada de ello sucedería y que por el contrario empeoraría la situación económica y social de los trabajadores. En efecto, la política anti-obrera del régimen se agudizó: había que aplastar el movimiento obrero para la subasta de los intereses nacionales por la vía del entreguismo. El plan anti-obrero, en especial contra los trabajadores mineros, inició su marcha de represiones.

El Gobierno preparó una provocación contra el secretario ejecutivo de la FSTMB, compañero Juan Lechín, con la flagrante violación del Fuero Sindical. Como no podía ser de otra manera los trabajadores decretaron paro de labores en defensa de su primer dirigente. Contra ese paro general, el Gobierno lanzó al Ejército y a todas las fuerzas represivas.

El indicado movimiento de defensa de los principios de la FSTMB y de las conquistas incorporadas en la Constitución Política del Estado fue aplastado por la fuerza de las armas, logrando la rendición de los obreros cercados y bombardeados. Milluni, Kami y Consejo Central Sud fueron víctimas de la agresión punitiva, mientras que en las demás minas nacionalizadas se imponía el terror. Paralelamente el Gobierno dispuso otras medidas de corte fascista. Desconoció las directivas sindicales, envió al Ejército a intervenir sedes sindicales, emisoras, bibliotecas, fondos, movilidades, etc., despidiendo a más de 500 trabajadores.

Rebaja de salarios

El Gobierno de la Junta Militar puso al descubierto su gran objetivo cuando simultáneamente a la decapitación de las libertades en las minas nacionalizadas, mediante decreto —como no se hizo en ningún rincón del mundo— disminuyó los salarios de los mineros en la proporción del 40%. Este era el objetivo del imperialismo para aumentar la explotación a base de la extenuación fí sica de los trabajadores. En lugar de atender las demandas de mejoras de salarios, el Gobierno decretó su disminución, imponiendo el toque de queda y la marcha del terror con el lanzamiento de centenares de obreros a la calle.

Como se puede observar con estas medidas, se agravó totalmente la situación económica y social de los trabajadores mineros. Esta situación se mantuvo durante mucho tiempo. El Gobierno incrustó a los militares en la administración de las minas bajo una permanente amenaza de subyugar al movimiento obrero.

Los trabajadores mineros buscaron el camino de la discusión para encontrar reparación a las injusticias que venían sufriendo. No obstante de ello se respondió nuevamente con el baño de sangre de septiembre de 1965, a los tres meses de producidas las primeras masacres del Gobierno civil-castrense en los distritos de Catavi, Siglo XX, dejando duelo, dolor y lágrimas en las madres, esposas e hijos de los trabajadores.

De esta nueva masacre, el Gobierno culpó, como de costumbre, a los “agitadores”; pero la clase obrera víctima del Ejército señaló al Gobierno y al imperialismo como autores de esta horrorosa masacre, quedando para los trabajadores claro, cómo por segunda vez y en poco tiempo, el régimen se manchó con sangre obrera.

Nuevamente se volvió a reiniciar gestiones directas para la reposición de los salarios y las garantías para la organización de los sindicatos, demandándose el retiro de las tropas. La represión abarcó a los dirigentes de la FSTMB, a los sindicatos y delegados de base que, al final, fueron desterrados del país.

La FSTMB, por mandato de sus bases, elevó un pliego de peticiones reclamando en lo fundamental la reposición de salarios y precios de contratos vigentes a mayo de 1965. La respuesta fue negativa, además del desconocimiento a su personería.

Con el propósito de imponer una dirección sindical oficialista, el Gobierno declaró que trataría los problemas sociales de los mineros con una directiva elegida en un congreso, en vista de que los personeros de FSTMB eran objeto de desconocimiento.

Varias reuniones de carácter nacional con participación de secretarios generales de los sindicatos de las minas nacionalizadas se realizaron en los meses de febrero, marzo y abril de 1966, con la finalidad de analizar los problemas económicos y sociales, y a la vez coordinar una gestión que ponga fin al problema. En esa oportunidad se autorizó al Comité Ejecutivo de la FSTMB para convocar al XIII Congreso Nacional Minero. En efecto, se dio cumplimiento a este pronunciamiento y se convocó para fines de mayo del mismo año, señalando como sede a Siete Suyos.

El trabajo de preparación de dicho evento no fue fácil, desde que el Gobierno continuaba con su política de represión y empeñado en una cacería contra los dirigentes organizadores, buscando por otra parte obtener el control del congreso. A pesar de ellos, el congreso se realizó en la fecha señalada con la asistencia plena de delegados de las minas nacionalizadas, privadas, rentistas y cooperativas.

Las conclusiones fueron hechas públicas y podemos afirmar que el evento fue una victoria de los trabajadores y una derrota para los cálculos e intereses del Gobierno, que trató por todos los medios de hacer fracasar el congreso. Los trabajadores defendiendo los principios de independencia sindical, de la libre determinación de las bases, de la democracia sindical, pese a todas las coacciones, se dotaron de su directiva nacional sindical.

A los pocos días de finalizado el congreso, el Gobierno se apresuraba a declarar que no reconocería a la nueva directiva de la FSTMB elegida en Siete Suyos por no estar representados sus agentes. De esta manera se burlaba de un compromiso acordado con los delegados de base sobre el reconocimiento de su entidad máxima.

La política del diálogo

No obstante el desconocimiento y la persecución a los dirigentes de la FSTMB y de los sindicatos, se buscó por todos los medios la discusión de los problemas económicos y sociales de los trabajadores con COMIBOL y el Gobierno. En muchos casos los delegados presentaron pliegos concretos, que una vez aceptados para su discusión, fueron negados, como en los casos de Colquiri, Consejo Central Sud y Catavi, que tuvieron que recurrir al Ministerio de Trabajo con la vana esperanza de obtener por este conducto el cumplimiento respectivo.

A fines del año pasado y en los primeros meses del presente se debatieron las peticiones de los sindicatos de Siglo XX y Catavi que, en lo esencial, exigían la reposición de sueldos, salarios y precios de contrato en interior mina. Pese a las gestiones prolongadas, es de dominio público que el resultado fue negativo, aún después de haberse seguido los trámites señalados por la Ley General del Trabajo. Una prueba más que los trabajadores buscaron obtener la reparación de sus conculcados derechos a través de las leyes, desmiente la calumnia permanente del régimen que impuso su política anti-obrera basada en la llamada “agitación comunista”.

En el caso de Consejo Central Sud, el trámite se prolonga indefinidamente, al punto que hasta la fecha no hay solución. Con uno y otro pretexto se alargó su consideración y no habiendo otros recursos se procedió al apresamiento de los delegados. Hasta hoy no existe el fallo, siendo el delegado del Ministerio (de Trabajo) el que ha estancado el trámite, con grave perjuicio para los trabajadores.

Como se puede observar siempre hubo de parte de los trabajadores interés para resolver sus problemas económicos y sociales por los caminos legales, no obstante las amargas experiencias de los resultados obtenidos en los tribunales que siempre responden a los poderosos y al Gobierno de turno de la burguesía anti-obrera.

La conducta de COMIBOL, en las relaciones obrero-patronales, se rigió y se rige por la disciplina cuartelaría. Una prepotencia sin límites, unida a la amenaza permanente y el incesante despido de los trabajadores, no han permitido que los problemas sean considerados en el marco de lo que se ha venido a llamar “relaciones humanas”.

La conducta del Gobierno ha sido de promesa declarativa, de “amor a los obreros” y no sólo de no dar solución alguna, sino de arremeter con la violencia, extendiendo en los hechos el hambre y la miseria. En el momento del surgimiento de las reclamaciones, se apeló al apresamiento de los dirigentes y delegados sindicales con la consabida acusación de que los problemas son creados por los agitadores.

Están señalados así los antecedentes de la política del Gobierno con relación a los trabajadores mineros; esta conducta no fue modificada, sino por el contrario fue más emponzoñada, buscando nuevos pretextos para la agravación de los problemas con acusaciones totalmente alejadas de la verdad.

Los trabajadores mineros, luego de confiar en las promesas del Gobierno sobre un rápido mejoramiento de la situación económica y después de esperar pacientemente, llegaron al convencimiento de que en Bolivia no existe justicia para los trabajadores. Todos los tribunales se encuentran subordinados al Ejecutivo. No existe lugar o autoridad donde se respete el derecho del trabajador. No existen garantías ni protección para el trabajador. No hay derecho al trabajo. Los engaños y la prepotencia de los administradores son permanentes. El decreto de Seguridad del Estado como el Reglamento Sindical arrasan con las libertades y constituyen machetes contra los obreros.

Frente a la negación total, a la destrucción de las organizaciones sindicales, a la persecución, confinamiento e intimidación, al desempleo masivo, los trabajadores de Huanuni se reunieron el 6 de junio en asamblea general y luego de amplias consideraciones de la situación interna, principalmente de los abusos de la empresa, del despido de los dirigentes y otros atropellos, acordaron convocar a una manifestación de protesta a efectuarse en la ciudad de Oruro.

Consideramos necesario señalar que esta manifestación de protesta en modo alguno violaba los preceptos de la Constitución Política del Estado. La finalidad era hacer conocer a la opinión pública la situación por la que atravesaban los trabajadores impedidos hasta de reunirse en asambleas. Sin embargo, el Gobierno decidió impedir por la fuerza este derecho de protesta legítimo que surgió como consecuencia del hambre y el despotismo. La primera medida fue declaración del Estado de Sitio, exclusivamente destinada a reprimir a los mineros y a los sectores identificados con sus reclamaciones justas. El Gobierno, falseando la verdad y siguiendo su plan, justificó el Estado de Sitio atribuyendo a esa manifestación un carácter armado. La opinión pública sabe que como consecuencia de los acontecimientos de mayo de 1965, el Ejército allanó los domicilios de los trabajadores y poblaciones civiles de Catavi, Llallagua y los demás centros mineros en busca de armas. El resultado fue el decomiso de fusiles que tenían la particularidad de ser saldos de la Guerra del Chaco. El Gobierno sabe que en los centros mineros no existen armas.

Junto al Estado de Sitio, se dispuso el apresamiento de los dirigentes sindicales y políticos, dando así base de justificación a la consabida subversión extremista que en estos casos debe “obligatoriamente” descubrirse. El Ejército, que ya estaba movilizado, se instaló en las puertas de Huanuni, Oruro, Playa Verde y Sora Sora, con la orden de impedir el paso de los trabajadores a la ciudad de Oruro a cualquier precio.

Conducta de los trabajadores

En contra de lo que esperaba y deseaba el Gobierno, los trabajadores se reunieron el 8 de junio en Huanuni y acordaron suspender la manifestación convocada para Oruro en vista del Estado de Sitio, el cerco militar y la presencia de fuerzas represivas. Aquí debemos recordar diversas expresiones de los trabajadores que decían “No se debe intentar romper el cerco militar porque el Gobierno está esperando precisamente que así se haga para masacrarnos”. Se subrayó que la lucha de los mineros no tenía otra finalidad que la de exigir el respeto a las organizaciones sindicales, a sus derechos, a sus dirigentes y a la justa consideración de sus demandas en lo que toca a la reposición de los salarios y devolución de sus bienes sindicales, así como la libertad de los dirigentes confinados.

Esta conducta demuestra una actitud democrática frente a una política de engaño, de atropello y de violencia.

Mesa redonda y diálogo

Después de cercar los centros mineros con las Fuerzas Armadas, de apresar y enjuiciar a dirigentes sindicales, de cancelar los derechos y libertades con la vigencia extrema del Estado de Sitio, el Gobierno invitó a una mesa redonda a todos los dirigentes sindicales de las minas nacionalizadas para dialogar sobre los problemas sociales y económicos. La política del diálogo ha sido una norma de los trabajadores, y durante los últimos años, los sindicatos mineros utilizaron la discusión y el reclamo directo de sus problemas, pero, lamentablemente, no encontraron solución alguna. Los trabajadores, frente a los atropellos, rechazaron la invitación del Presidente de la República, no sólo por no tener confianza, sino porque los aprestos del Gobierno eran contrarios a todo diálogo.

No había posibilidad de efectivizar el diálogo, el Gobierno instruía, solapadamente, a los organismos de represión la detención de los delegados y dirigentes. En el fondo, el diálogo fue para sorprender a la opinión pública y “demostrar” que los trabajadores rehuían toda charla, cuando en los hechos el general Barrientos con sus medidas impedían a los delegados obreros a constituirse a La Paz. Fue esa política represiva la que motivó la no asistencia de los delegados sindicales, dejando su consideración al ampliado minero que debía reunirse los días 24 y 25 de junio.

La FSTMB, consecuente con su misión, dispuso por su parte la no concurrencia a la invitación por las mismas razones.

La masacre de San Juan

Desde la declaración del Estado de Sitio se vivió un clima de zozobra e intranquilidad por las represiones y amenazas de los órganos policiales desatadas contra los dirigentes y trabajadores, aparte de la movilización del Ejército en Oruro y Challapata.

A pesar de este clima, las labores de las minas continuaban desarrollándose normalmente, incluido el grupo Catavi.

El día 23, a primeras horas de la noche, comenzaron a llegar algunas delegaciones fraternales, como fabriles de Oruro y Cochabamba invitados al ampliado minero. Sorteando la persecución sistemática nos constituimos con anticipación para el verificativo del ampliado en representación de la FSTMB. Correspondió al secretario de Relaciones, que suscribe esta información, adoptar las medidas de organización para el examen democrático de los problemas.

La población y los trabajadores se aprestaban a celebrar la noche de San Juan con las tradicionales fogatas. Se asegura que como en ningún año existía un verdadero entusiasmo para los festejos. En efecto, los clubes y emisoras como Pío XII difundieron música hasta la una de la madrugada. Este entusiasmo de la Noche de San Juan se ligaba con la bienvenida a las delegaciones demostrándose en todo ello un espíritu sereno y de confianza para la realización del ampliado. El entusiasmo se prolongó hasta las cuatro y media de la madrugada, hora en que la gente se recogía a sus domicilios, mientras que otros trabajadores empezaban a prepararse para ingresar al trabajo.

Sin que nadie se entere, varias fracciones del “Rangers” ya se encontraban en los campamentos de Siglo XX. A los pocos minutos se desplazaron a la Plaza del Minero, lugar donde se encuentra la sede sindical y a la vez la emisora la “Voz del Minero”. Es aquí donde los “Rangers” empezaron a disparar ante la sola presencia de los obreros que transitaban para recogerse y otros para dirigirse al trabajo.

Con el propósito de no hacer una relación personal que podría ser calificada de parcial o tendenciosa por el Gobierno, incluimos la información directamente captada por los periodistas del diario “La Patria” de la ciudad de Oruro. No cabe duda de que esta información está dentro de los límites de cuanto observaron los periodistas. Sin embargo, muchos hechos dolorosos del drama pasado quedaron en el anonimato.

La información de dicho órgano de prensa en sus ediciones del domingo 25 y lunes 26 de junio de 1967, dice:

“Fuerzas del Rangers ocuparon los distritos de Siglo XX y Catavi con el saldo de más de 71 heridos”

“Los convulsionados centros mineros de Catavi y Siglo XX, luego de la ocupación de las fuerzas del Ejército, que dejó un saldo de 16 muertos y por lo menos 71 heridos, retornaban ayer a la tranquilidad”.

“Intenso tiroteo.- Las informaciones logradas por nuestro diario indican que a las 4 y 55 de ayer, las poblaciones mineras de esa zona amanecieron con un intenso tiroteo. Se escucharon disparos de fusiles, ametralladoras y explosiones de dinamita, cuando las fuerzas del Ejército y de la Policía Minera ocupaban los campamentos mineros en sangrienta acción.”

“Incursión.- Las fracciones del regimiento Rangers y de la Policía Minera descendieron por las faldas del cerro San Miguel, con intermitentes disparos, que continuaron hasta las 6 y 30 horas. Las mayores bajas se registraron en el campamento denominado LA SALVADORA, cerca de la estación de Cancañiri.”

“Zona Militar.- Tras la ocupación del distrito de Siglo XX y la zona minera circundante fue declarada “zona militar”.

La corriente eléctrica fue cortada, de tal modo que ayer no funcionaron los servicios telegráficos y los de transporte fueron suspendidos. Se ha intensificado la vigilancia de las carreteras con grupos de soldados del Ejército y en una que otra tranca cooperados por funcionarios de la DIC.

Este servicio de vigilancia impidió que nuestros reporteros pudieran pasar con el vehículo que ocupaban al distrito de Huanuni, ya que las fracciones que controlaban la tranca, indicaron que sólo obedecen a una autorización del Comando de la IIa División del Ejército, para avanzar en la zona convulsionada.”

“Aviones.- Desde las nueve de la mañana de ayer, varios aviones militares sobrevolaron Siglo XX y Catavi, con la consiguiente alarma de los pobladores. Varios de estos aparatos siguieron sobrevolando hasta pasado el mediodía. Circularon rumores de que éstos bombardearon los distritos mineros, aunque estas versiones no pudieron ser confirmadas. Radio Pío XXII, que transmitió intermitentemente las informaciones de la refriega y la ocupación, no hizo alusión a los bombardeos.”

El mismo diario “La Patria” en su edición del día 26 de junio en su página central dice:

“VEINTE PERSONAS PERECIERON EN LOS SUCESOS DE LAS MINAS DE SIGLO XX. SETENTA Y UN HERIDOS INTERNADOS EN EL HOSPITAL DE CATAVI”

“De acuerdo a la lista oficial recogida ayer en Siglo XX, la lista de muertos es la siguiente: Ponciano Mamani, Alejandro Mamani, García Maisman, Nicanor Tórrez, Barroso Sección Azul, Maximiliano Acho Mamani, Sección Siglo XX, Isaac Casorla venerista, Bernardino Condori, niño de ocho años, una señora en estado de gravidez, un joven de 13 a 14 años, una criatura de horas de nacimiento, un obrero de 29 a 30 años herido en la cabeza, un obrero muerto por el impacto de proyectil en la cabeza, un joven de 22 a 25 años, Gabriel Sequeiros, de la Guardia Nacional”.

En la misma edición continúa:

“Llanto, desaliento, nerviosismo, caracterizan a los distritos mineros de Siglo XX, Catavi, Llallagua, luego de lo ocurrido en la madrugada del sábado, cuando fracciones del Ejército, Policía Minera y Guardia Nacional tomaron esos distritos, dejando una saldo trágico de 20 muertos y 71 heridos.

La población civil y los trabajadores dijeron a “La Patria” que no hubo motivo alguno.

Los pobladores informaron que el ataque de la madrugada del sábado fue hecho a mansalva, aprovechando que la población se encontraba abocada a la fiesta de San Juan. Muchos de los muertos y heridos cayeron por efecto de los disparos de los soldados.

No se produjeron enfrentamientos de grandes proporciones, pero hubo una fricción en el local del sindicato. Los mineros se encontraban festejando las fiestas de San Juan.

El propósito del Ejército era hacer fracasar el ampliado minero pero para ello no tuvieron por qué enfrentarse y ofrendar tantas vidas, y sólo se ha conseguido consolidar la unión de los trabajadores, se indicó.

En la acción hubo inclusive enfrentamientos entre elementos de los “Rangers” y la Guardia Nacional de Seguridad, quienes en su afán de cumplir con su misión lograron vestirse de civiles, quitando la ropa a los propios trabajadores y algunos campesinos que llegaron de poblaciones aledañas.

Lo que más indigna a estos distritos es la forma como actuó el Ejército. Muchos murieron y otros cayeron heridos por disparos a corta distancia. Los soldados lanzaron además granadas en el interior de las residencias, habiendo perecido niños y mujeres.”

Más adelante sigue informando el citado diario:

“También se dijo que hubo indecisión en las filas del Ejército, ya que en muchos pasajes los soldados querían entregar sus armas a los trabajadores para evitar mayor derramamiento de sangre, cosa que no fue aceptada por los trabajadores. Asimismo, se supo que un oficial al negarse a disparar un soldado contra una zona porque ahí vivían sus familiares, lo mató en el instante.

Los tres distritos han sido declarados Zona Militar, por lo que los efectivos de los Rangers están apostados en estos distritos”.

Simón Reyes, Alberto Jara, Alfonso Gumucio Reyes,Oscar Salas, Irineo Pimentel, Corsino Pereira y otros dirigentes en el Panóptico de San Pedro, junio 1967.

Justificando la masacre

Si registramos las versiones sobre las masacres de todos los gobiernos del pasado encontraremos la justificación más socorrida y conocida: “de que las fuerzas del orden o sea el Ejército tuvieron que disparar en defensa propia”. En consecuencia y de acuerdo a esta lógica de los gobiernos asesinos, los culpables de la muerte de los obreros son los propios obreros.

En esta oportunidad se repitieron los métodos del pasado. Hicieron cuarteles en los campamentos mineros; el Gobierno actual tiene parecido en todo con la exoligarquía minera que contaba con la ayuda del Ejército para resolver sus problemas.

El primer comunicado del Comandante de la IIa. División del Ejército, coronel Amado Prudencio, de Oruro, al día siguiente de los sucesos decía lo siguiente:

“3°.- Ante la agresión por elementos ebrios que con armas de fuego y dinamitazos mataron a un oficial de la Guardia Departamental de Seguridad Pública y a un soldado del regimiento “Rangers”, e hirieron a otros siete elementos, una fracción de la unidad que debía ocupar Siglo XX tuvo que reaccionar en defensa propia”.

Como está demostrado, la inmensa mayoría de los trabajadores y la población se dedicaba a los festejos de San Juan. Por lo mismo no podían esperar con dinamita y mucho menos con armas de fuego, ya que no existían. Lo cierto es que todo estaba debidamente planeado, hasta la conveniencia de encontrar gente ebria, de otro modo no habrían asaltado esa madrugada. Precisamente utilizaron las sombras de la noche para caer sobre la población pacífica en la emboscada “valiente y temeraria de las Fuerzas Armadas”.

Los personeros de la empresa, principalmente el gerente, ingeniero Arturo Sahonero, tenía pleno conocimiento del ingreso del Ejército, ya que faltando cuatro días para el 23, ordenó la suspensión del abastecimiento de dinamita a los polvorines del interior mina. Esto significa que los depósitos no tenían dinamita, hecho extraordinario, porque éstos siempre tenían almacenamiento permanente. Recordemos las declaraciones del teniente coronel Alfonso Villalpando, Comandante del Regimiento “Rangers”: “La operación fue sorpresiva en cumplimiento de órdenes superiores, porque —explicó— el factor sorpresa en una operación militar ahorra bajas”.

Es decir que teniendo previstas las “bajas” necesarias lo único que deseaba hacer era un “ahorro”.

En los primeros momentos las autoridades de Oruro y La Paz señalaban diversos motivos para justificar la masacre. Así por ejemplo el coronel Prudencio en su comunicado público decía: “En cumplimiento de órdenes superiores una de las unidades dependientes de la IIa. División del Ejército tuvo que ocupar las localidades mineras de Huanuni y Siglo XX con exclusivo objeto de capturar a los proguerrilleros que se autotitulaban de dirigentes sindicales”.

Según esta declaración, el único objeto era el apresamiento de los dirigentes sindicales. Un grave enredo: si se trataba de apresar a los dirigentes, nada tenía que ver el “glorioso” Ejército, sino la DIC.

Ese mismo día el Ministerio de Gobierno, en declaraciones publicadas en la prensa, decía: “Por su parte el Ministerio de Gobierno hizo saber que los mineros en estado de embriaguez asaltaron el local de la Policía Minera y provocaron tres bajas, habiendo muerto el oficial Gabriel Sequeiros y dos heridos. Ante la situación, la Guardia pidió cooperación al Ejército, que ingresó a Huanuni a las cinco de la mañana.”

De acuerdo con esta información oficial, el Ejército ingresó a solicitud de la Guardia de Huanuni. Esa madrugada no hubo ningún asalto a las oficinas de la Policía Minera en Huanuni. De otro lado el oficial Sequeiros, según los partes oficiales, ha muerto al mismo tiempo en Huanuni y Siglo XX.

Como se desprende de estas declaraciones oficiales, hasta el momento no había motivo del supuesto asalto al Cuartel de Lagunillas. Fue más tarde que el Presidente de la República y el general Ovando, ante la repulsa general, tuvieron que recurrir al pretexto de que “había una subversión” y que se contemplaba el asalto al Cuartel de Lagunillas simultáneamente a la subversión en La Paz.

Hasta hoy no se ha demostrado ninguna prueba que justifique las acusaciones contra los dirigentes sindicales llamados por el Gobierno “agitadores extremistas”.

Más tarde surgió un nuevo argumento; éste se esgrimió como consecuencia de las declaraciones en el juicio contra las guerrillas. Entre afirmaciones y desmentidos se incluía al “Che Guevara”. Se decía haberlo visto y no haberlo visto en los sucesos del sudeste.

Inmediatamente el general Ovando amasó un nuevo argumento, una nueva justificación después de 18 días de la Masacre de San Juan. En efecto, el general Ovando, utilizando “sabiamente” la actualidad de las declaraciones ajenas a las masacres, esbozó la estratagema de que el Ejército había incursionado las minas en vista de que el “Che Guevara” dirigía las subversiones en las minas.

Esta declaración no resulta coincidente con la que emitió a poco de producirse el baño de sangre de San Juan. Entonces el general Ovando, tratando de eludir las responsabilidades, dio a entender que él no había ordenado nada, dejando la responsabilidad al Presidente de la República. Como esta insinuación resultaba riesgosa para su preeminencia en el Ejército, optó por solidarizarse y utilizar el mismo lenguaje del Presidente de la República con todas lasde responsabilidades. No cabe duda de que esto produjo un ajuste dentro las contradicciones que existían en el seno del Gobierno.

Esta nueva justificación fue lanzada como consecuencia de la simpatía de los mineros con los guerrilleros, de lo cual no pueden culpar a ningún dirigente sindical, ya que los trabajadores mineros poseen elevada conciencia política sindical, no pudiendo ser engañados por nadie.

La aparición de las guerrillas no es culpa de los dirigentes sindicales de las minas. Aquí nos permitimos registrar las declaraciones del Partido Demócrata Cristiano sobre la causa de la aparición de las guerrillas: “Después de expresar que no está de acuerdo con las guerrillas, sostienen que las guerrillas aparecen cuando se dan condiciones negativas en un determinado territorio. Lamentablemente estas condiciones las ha creado el general Barrientos, con la vergonzosa entrega de nuestras riquezas mineras y petroleras al imperialismo americano, creando problemas en las minas y masacrando trabajadores”.( “Presencia”26/06/67)

A pesar de todos los esfuerzos del Gobierno y del Alto Mando Militar del Ejército para justificar las masacres de San Juan en Siglo XX y Huanuni, no han podido exhibir una sola prueba ni han podido mantenerse en un solo “motivo”. La inmensa mayoría del pueblo, sus organizaciones políticas y sindicales, estudiantiles y universitarias, cívicas y populares, han condenado unánimemente al Gobierno mostrando su repudio e indignación a su política de crímenes y desgobierno.

Es difícil que el Gobierno pueda desfigurar la verdad de los acontecimientos. No podrá borrar la mancha de sangre obrera que empapa nuevamente al Ejército que debería cumplir otras funciones y no las de un organismo de represión. Es difícil separar la conducta del Gobierno del general Barrientos y de las Fuerzas Armadas, aunque se haga esfuerzos. Lo evidente es que el Ejército no sólo es el soporte, sino que define la política del Gobierno. Por ello se ha buscado comprometer al Ejército en los actos del Gobierno.

Terminamos este enjuiciamiento convencidos de que la razón y la justicia están del lado de los trabajadores y que si hoy se las niega, llegará el día en que por su propia lucha consigan y hagan brillar la libertad y la justicia para el pueblo de Bolivia.

Más condenas

Para los trabajadores y sus dirigentes el veredicto sobre su conducta, que tiene un valor definitivo, es el que sentencia el pueblo. Por esta razón, al margen de los tribunales de la dictadura, que puedan condenar a cadena perpetua a los dirigentes sindicales, hacemos público el agradecimiento al pronunciamiento de los partidos políticos, sindicatos, universitarios, etc., a quienes hacemos llegar el reconocimiento profundo de los trabajadores mineros, hoy apaleados, perseguidos y encarcelados por defender la causa de todo el pueblo; este agradecimiento se hace extensivo a la prensa escrita y oral que informó con veracidad sobre los sucesos.

Registramos los pronunciamientos de algunas organizaciones políticas sobre los sangrientos sucesos en las minas nacionalizadas.

Partido Demócrata Cristiano (PDC).- Firmado Luis Ossio y Benjamín Miguel dice el comunicado en su parte saliente: “La atención de heridos y de movilización de tropas a las minas será mucho más gravosa al país que una adecuada atención a las peticiones salariales de los trabajadores mineros. Al hacer causa común con los trabajadores, exhorta al Gobierno, a las FFAA y a los partidos políticos y grupos influyentes del país a desterrar el diálogo de los fusiles y la metralla, de la imposición, de los abusos, de la politiquería y negociados”.

Movimiento Nacionalista Revolucionario – Partido Revolucionario de Izquierda Nacionalista (MNR-PRIN).- “Los comités coordinadores del MNR-PRIN en comunicado conjunto expresan su protesta por el genocidio cometido por la camarilla militar y califica lo sucedido de maquiavélico juego para zanjar las diferencias entre las ambiciones de los jerarcas del Gobierno”.

De ese mismo carácter son las demás declaraciones y pronunciamientos sobre las masacres de Siglo XX y Huanuni. Incluso hay pronunciamientos de las “bases” de los partidos co-gobernantes.

Organizaciones sindicales, universitarias y estudiantiles

En todo el país los trabajadores de diferentes sectores se pronunciaron condenando la masacre de mineros, expresando su solidaridad con dinero y víveres. Igualmente los universitarios, partiendo de la CUB y de todas sus organizaciones, expresaron su solidaridad y lucharon por evitar mayores desgracias para los trabajadores. Igualmente los estudiantes de secundaria condenaron las masacres. Su solidaridad trató de ser interrumpida por la vacación invernal forzosa.

Debemos destacar que en los hechos, los mineros hemos recibido el apoyo material de los universitarios, fabriles y sectores populares. El pacto Minero-Universitario, tuvo su aplicación solidaria pese a la represión, al confinamiento y detención de universitarios, catedráticos, estudiantes. Nuestro agradecimiento a la juventud de Bolivia, sostén de la soberanía y de las libertades democráticas.

Oruro, julio de 1967

Simón Reyes Rivera

* Este artículo fue publicado el sábado 23 de junio de 2018 junto al matutino Página Siete con el título: La masacre de San Juan 51 años después.

Fotos tomadas de: Bitacora Memoriosa https://gumucio.blogspot.com/2012/11/gran-simon.html